El cliente se acercó a la firma debido a que la Dirección General de Aduanas realizaba un proceso de inspección respecto a las declaraciones de importación de la empresa. En virtud de este proceso, la Dirección General de Aduanas impuso al cliente el pago de US$ 450.000,00 por impuestos no pagados, US$ 904.000,00 por multas y US$ 90.500,00 por sanciones, un total de US$ 1.446.590,83.

La Firma asistió al cliente en el proceso de conciliación y apelación del proceso de inspección, en este proceso, Aduana decidió notificar un certificado de deuda ascendente a US$ 495,000.00, sin tener una decisión firme para hacerlo. La firma aconsejó al cliente iniciar un recurso administrativo contra el certificado de deuda. Actualmente este caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia a la espera de una decisión para revocar o mantener este certificado de deuda.